La realidad de un mundo sin términos medios
Entre el derecho a protestar, el desprecio por el vandalismo, los derechos y las obligaciones, hay un espacio que cada vez cuesta más ocupar: el sentido común.
Marcel Abad Camacho.
10/24/20266 min read
El mundo cambia a una velocidad que cuesta asimilar, y lo hace con un malestar social enorme. Las calles de media Europa lo demuestran. La crisis de la vivienda, el coste de la vida y la sensación de que el esfuerzo ya no garantiza un futuro digno empujan a millones de personas a salir a protestar. Pero, junto a ese malestar, crece otra dinámica preocupante: la sociedad se ha dividido en bloques ideológicos donde parece que solo existen el blanco y el negro. El gris, el punto intermedio, ha quedado sin sitio.
Protestar sí, destrozar no
Quiero dejarlo claro desde el principio: estoy a favor de las manifestaciones. Reclamar, protestar y expresar el descontento forma parte esencial de la democracia, y nadie debería cuestionarlo. Pero estoy completamente en contra del vandalismo, y esta semana hemos visto demasiado.
Milán vivió dos jornadas consecutivas de enfrentamientos entre jóvenes y policía, con más de 200 detenidos, la mayoría menores de edad. Las protestas contra el coste de la vida acabaron con comercios dañados y saqueados, entre ellos tiendas de ropa y supermercados. En Francia, la cifra de detenidos en las protestas llegó a unos 2.000, con 600 agentes heridos.
Ese vandalismo no tiene nada que ver con el objetivo, en teoría, de estas protestas. Asaltar un comercio no abarata un alquiler ni sube un sueldo. Y el perjuicio recae, además, sobre quienes menos lo merecen. Las grandes cadenas pueden asumir las pérdidas, pero el pequeño comerciante o el autónomo, que probablemente pertenece a la misma clase trabajadora que dice defender la protesta, puede ver cómo desaparece el trabajo de toda una vida en una noche. Esa conducta incívica no tiene perdón posible.
La trampa de las etiquetas
Vivimos en una época en la que opinar es arriesgarse a ser clasificado. Si digo que apoyo el derecho a manifestarse, me llaman socialista, sindicalista o incluso de extrema izquierda. Si digo que condeno el vandalismo y que hace falta más firmeza, control y castigo, me llaman ultraderechista o fascista.
Me queda, sin embargo, una tranquilidad: siempre he creído ser moderado y actuar con sentido común. Si incomodo a los dos extremos, quizá no esté tan desencaminado. Los derechos de las personas son esenciales, pero las obligaciones también lo son.
La vivienda: mi diagnóstico
Sobre la vivienda, me parece que ha habido una dejadez enorme por parte de las administraciones, tanto estatales como autonómicas, y que la especulación ha hecho mucho daño. Estas son las medidas que, a mi juicio, harían falta:
Regular con dureza los pisos turísticos. Para el propietario resulta más rentable el alquiler de temporada que el anual, y eso reduce la oferta de vivienda estable. Quien quiera vacaciones tiene hoteles, hostales, moteles y campings, opciones para cada nivel adquisitivo. Los alquileres turísticos solo perjudican a la población local.
Construir más vivienda, pública y privada, donde haya demanda real. Levantar edificios donde nadie quiere vivir es repetir los errores de las infraestructuras sobredimensionadas, como aeropuertos o estaciones de alta velocidad sin pasajeros suficientes que acabaron infrautilizadas.
Actuar contra la ocupación. Es inadmisible que alguien ocupe una vivienda ajena y que el propietario no pueda recuperarla con rapidez.
Controlar la inmigración ilegal. Me da pena la situación de las personas sin papeles, pero creo que la inmigración masiva y descontrolada no es sostenible y estos, también ocupan viviendas que podrían ir para otras familias que sí son reguladas.
Sobre los grandes tenedores mantengo una opinión que a veces choca con la corriente. Tener diez viviendas me parece excesivo, pero también creo que vivimos en un sistema capitalista y de libre mercado, y que la vivienda, nos guste o no, es también un negocio. Lo que hay que hacer es fijar precios asequibles para la población local, no demonizar al propietario. Y ser inquilino no tiene nada de malo: permite vivir sin asumir el mantenimiento y marcharse cuando aparezca algo mejor, sea otro alquiler o la compra.
Elecciones del 29-N: ¿a quién votar?
En este contexto llegan unas elecciones generales que, Pedro Sánchez adelantó el 5 de octubre al 29 de noviembre, tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda. Confieso que no sé a quién votar. El panorama está fragmentado y, a mi juicio, ninguna de las opciones principales merece plenamente la confianza.
PSOE. Creo que Pedro Sánchez merece perder. Tras ocho años, deja promesas incumplidas y un entorno salpicado por casos de corrupción y vergüenza ajena, como los de Ábalos y Cerdán o las investigaciones que afectan a su esposa y a su hermano. Respeto la presunción de inocencia mientras no haya sentencia, pero el desgaste político es evidente y hay evidencias clarísimas para inculparlos. Tampoco ha resuelto el problema de la vivienda, ni la precariedad salarial, ni el futuro de los jóvenes, y ha sido incapaz de aprobar presupuestos. A ello suman las críticas por la gestión de la DANA, del volcán de La Palma, de Ceuta y del sistema ferroviario. No todo ha sido negativo: su posicionamiento ante Trump y ante Israel, y su apoyo a Ucrania, me parecen aciertos. Pero, en conjunto, pesa más el debe que el haber.
PP. La gran alternativa carga con su propio lastre: la herencia de los casos de corrupción de la etapa de Rajoy, la gestión de la DANA bajo la presidencia de Mazón y las explicaciones que siguen pendientes sobre las relaciones del pasado de Feijóo en Galicia con traficantes de drogas. A ello se añade, en mi opinión, una notable falta de carisma, la caída en el populismo barato y la demostración de su incompetencia en anteriores gobiernos.
Vox. Es la otra opción de la derecha, y ansía pactar con el PP para gobernar. Pero me preocupan muchas de sus posiciones: su ambigüedad ante el franquismo y la memoria histórica, su rechazo frontal al aborto, sus planes contra las lenguas cooficiales, empezando por el catalán, sus propuestas de ilegalizar partidos que consideran no unionistas, su visión restrictiva de la familia y un peso del catolicismo difícil de conciliar con un Estado aconfesional. Han tenido, además, candidatos condenados por violencia de género. Reconozco, eso sí, que es el único partido que admite sin complejos que la inmigración ilegal y la ocupación son problemas urgentes.
Frente Amplio. La nueva coalición reúne a Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y los Comuns. Considero que, desde el Gobierno, no han estado a la altura. Sus propuestas me parecen en muchos casos populistas e idealistas, y a menudo con un aire de superioridad moral que ha desconectado a parte de la ciudadanía, sobre todo con la de los más jóvenes, que anteriormente eran su punto más fuerte. Además, eluden hablar de problemas incómodos pero reales, como la ocupación o la inmigración ilegal. También se han visto en eventos que causaban vergüenza ajena, como el caso de "la Flotilla" y muchos de ellos apoyan a dictaduras de izquierdas como lo era la Venezuela de Maduro o la antigua Unión Soviética.
Huelga general y acampada
Sobre la huelga general, creo que merece mención el momento escogido. CCOO y UGT convocaron para el 11 de noviembre una huelga general, la primera respaldada conjuntamente por los dos grandes sindicatos en catorce años, y lo hicieron a pocas semanas de las elecciones. Se movilizan por la vivienda y los salarios, causas legítimas, pero cuesta no ver la coincidencia temporal y la cercanía de buena parte del sindicalismo con la izquierda. Una huelga general en plena campaña electoral difícilmente puede considerarse un gesto neutral, más, cuando se planea hacer la manifestación en contra de la oposición. Sí, contra la oposición. Muchos expertos afirman que este caso no tiene antecedentes, todas las huelgas generales van dirigidas al gobierno actual, no a la oposición. Un sinsentido más en la sociedad española.
Sobre la acampada de la Puerta del Sol, que arrancó el 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años (que no era trigo limpio) y que lleva semanas en pie, entiendo su origen. Ese desahucio es un símbolo doloroso, y la preocupación por la vivienda es genuina. Pero la vivienda no se resuelve acampando, sino construyendo, regulando y haciendo cumplir la ley. Y condeno por igual cualquier agresión, venga de donde venga: de los violentos que se infiltran en protestas legítimas, de los grupos ultras que acosan a los acampados o de quienes hostigan a periodistas.
Una reflexión final
El mundo está dividido, y mientras sigamos pensando en bloques, difícilmente encontraremos soluciones. Si no se toman decisiones de calado, aunque resulten incómodas, y si no se refuerza el control y el cumplimiento de las normas, me temo que la situación solo irá a peor.
Los derechos son importantes, esenciales, pero las obligaciones también. No es admisible que un pequeño autónomo o un trabajador que encadena largas jornadas no llegue a fin de mes. Tampoco que quienes sostienen el sector primario no puedan subsistir ahogados por la burocracia, el precio del combustible y una infinidad de trabas. Esos son los ciudadanos que sostienen el país en silencio, y merecen que alguien, por fin, se ocupe de ellos.
Ayuntamiento de Limoges, Francia, después de una noche de huelgas y vandalismo. 17/10/2026.